21/05/2026
El Gran Expolio de la iglesia católica: El escándalo inmobiliario que desvalijó fundaciones millonarias en Madrid España.
El entramado de corrupción conocido como la "Operación Padilla" ha llegado finalmente a juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que la institución católica intentó vender como un plan para un proyecto cristiano mejor, ha resultado ser, según la Fiscalía Anticorrupción, un presunto ENTRAMADO CRIMINAL DE ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL que involucra a altos cargos laicos del Arzobispado, abogados ilustres y fondos buitre.
El botín: la venta masiva y opaca de patrimonio benéfico valorado en más de 100 millones de euros.
La Trama: ¿Cómo operaba esta red?
En el centro del escándalo se encuentra David López Royo, un hombre de confianza nombrado por el entonces arzobispo Carlos Osoro para dirigir las 64 fundaciones de la iglesia católica madrileña.
EL MODUS OPERANDI DEL ENGAÑO FUE PERFECTAMENTE ORQUESTADO:
El doble juego: Mientras Royo gestionaba las fundaciones de la iglesia católica, fue fichado en secreto con un sueldo mensual por el bufete Chávarri Abogados.
El intermediario de oro: Actuando a dos bandas, Royo entregó el control de las fundaciones al bufete Chávarri, que se encargó de intermediar en la venta de los edificios históricos a constructoras y fondos buitre, cobrando comisiones millonarias por el camino.
La gran quimera: Para justificar el expolio, la organización criminal católico alegó que usaría los fondos para construir una "Ciudad de la Misericordia" (un minivaticano). En su lugar, compraron un terreno a la inmobiliaria Metrovacesa por 48 millones de euros para construir un bloque de oficinas puramente comercial.
LAS VÍCTIMAS: ANCIANOS Y FAMILIAS VULNERABLES SACRIFICADOS POR LA CODICIA.
Para llenar las arcas de esta red, los implicados vendieron el patrimonio que antiguos aristócratas y benefactores habían donado a la institución católica para proteger a los más necesitados.
Fundación Fusara: 14 edificios en el centro de Madrid vendidos por 74 millones de euros a un entramado opaco de empresas vinculadas al fondo buitre Castlelake. 170 familias de alquiler quedaron al borde del desahucio. Fundación Santísima Virgen y San Celedonio: Una residencia donde viven casi 100 ancianos desfavorecidos (donada por el Conde del Val) fue vendida a la Universidad Nebrija por 37 millones de euros, un precio escandalosamente por debajo del mercado.
Fundación Padilla: Dos bloques en el barrio de Salamanca, cuyas rentas becaban a alumnos pobres, intentaron ser vendidos a escondidas por 13 millones de euros (operación frenada tras ser descubiertos).
EL FACTOR ESCÁNDALO: ¿POR QUÉ LO OCULTARON Y CÓMO SE DEFENDIERON?
Una estrategia del silencio y el cinismo:
Como es costumbre en las altas esferas católicas, el Arzobispado intentó mantener todo bajo la alfombra hasta que la presión periodística de EL PAÍS y las denuncias de los inquilinos en 2020 hicieron estallar el caso.
Cuando el escándalo salpicó directamente a las puertas del Vaticano, Roma envió de urgencia a un abogado para intentar revertir las operaciones a contrarreloj y evitar que la justicia penal imputara directamente a los obispos.
David López Royo defendió las ventas alegando falsamente ante el juez que los pisos de las fundaciones albergaban "prostíbulos y hoteles sin licencia" para justificar su urgente desmantelamiento.
Metrovacesa destapó la caja de los truenos al admitir ante el juez que se pagaron comisiones millonarias bajo la mesa a sociedades vinculadas al bufete Chávarri.
¿Quiénes van a banquillo? Ocho investigados, entre ellos gestores de la iglesia católica, el exsecretario de las fundaciones (Manuel Fernández Clemente) y compradores opacos.
¿Qué se juzga? El saqueo de un patrimonio social e inmobiliario de más de 100 millones de euros mediante tasaciones manipuladas a la baja.
¿Qué pasó con los afectados?
La intervención judicial ha logrado congelar parte de los desahucios masivos de los ancianos y las familias, víctimas colaterales de un negocio redondo en nombre de la fe.
Nuestra misión editorial es clara: levantar la alfombra del secreto católico y exponer ante la opinión pública cada una de las tramas turbias que se ocultan tras los muros de esta institución. El periodismo tiene la obligación de fiscalizar al poder, sin importar los títulos o las sotanas que este use para protegerse. Seguiremos investigando, documentando y publicando cada abuso de confianza y cada transacción oculta. La ciudadanía tiene el derecho a saber la verdad y a entender la verdadera naturaleza de la institución que opera en su entorno.
La luz de la información es el único antídoto contra la impunidad.
