19/05/2026
CAMPAÑA PASCUAL POR LA PAZ
Martes 19 de mayo 2026
Sí, existe una obligación moral y legal absoluta de desobedecer órdenes que ordenan genocidios.
El derecho internacional prohíbe la "obediencia debida" para crímenes de lesa humanidad, y tanto la ética filosófica como diversas instituciones establecen el deber ineludible de negarse a participar en atrocidades.
-Consenso Ético y Jurídico
Derecho Internacional: La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas establece que tanto gobernantes como funcionarios o particulares son castigables por genocidio, invalidando cualquier argumento de inmunidad por cargo oficial.
-Ética y Filosofía: Desde la ética kantiana, el individuo es un fin en sí mismo y no un instrumento.
El principio de desobediencia civil ante leyes injustas, impulsado históricamente por figuras como Henry David Thoreau y Martin Luther King Jr., sostiene que los valores de justicia y dignidad humana están por encima de cualquier mandato de autoridad.
+Doctrina Militar: Los manuales modernos y códigos de ética profesional establecen que los combatientes y funcionarios no solo tienen el derecho, sino el deber de desobedecer órdenes que sean manifiestamente ilegales o inmorales.
+Principios Fundamentales
-Responsabilidad Individual: Cumplir una orden de cometer atrocidades no exime de culpa al ejecutor.
El individuo sigue siendo un agente moral responsable de sus actos.
-Límites de la Autoridad: Los ordenamientos jurídicos y democráticos entienden que la autoridad civil o militar pierde su legitimidad cuando atenta contra el derecho fundamental a la vida y la existencia de grupos humanos.
La Desobediencia Civil es hoy un modo de intervención necesario para luchar » contra la inercia de las instituciones, la ceguera del poder político», la desregularización de la economía o las prácticas militares, policiales y judiciales abusivas.
Presentamos aquí la traducción de dos capítulos de El Imperativo de Desobediencia, de Muller, donde plantea la obligación ciudadana de «poner a prueba la legitimidad de la ley para, si es necesario, romper con su marco tranquilizador». La Desobediencia Civil puede y debe contribuir a la respiración de nuestras asfixiadas democracias.
Hoy nadie plantea seriamente que la “democracia” no sea el proyecto político que mejor se corresponde con la idea de una sociedad de justicia y libertad. Pero ¿Qué es la “democracia”? El concepto mismo se encuentra envuelto en una ambigüedad fundamental. Según su origen etimológico (demos: pueblo; cratos: poder) la palabra democracia puede comprenderse como “el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo”. Pero la palabra democracia significa, sobre todo, un gobierno que respeta las libertades y los derechos del ser humano, de cada persona y de todas las personas. Estos dos significados no son contradictorios en sí mismos, pero puede llegar a serlo. Para lograr la democracia, el pueblo debe llevar dentro de sí la exigencia ética que fundamenta el ideal democrático. La democracia es una apuesta por la sabiduría del pueblo. Sin embargo, esto último no siempre lo vemos en el acontecer político. El pueblo puede llegar a ser una multitud, y la pasión se apodera más fácilmente de una multitud que la razón. La democracia es, pues, siempre relativa, incompleta, inacabada, nunca conseguida del todo, siempre a conquistar.
La democracia pretende fundamentar su legitimidad sobre la ley del número. Pero esto puede no corresponder con el derecho. La ley de la mayoría – puesto que cada vez que se dice “el pueblo” hay que entender “la mayoría del pueblo”- no garantiza el respeto a la exigencia ética que fundamenta la democracia. La dictadura del número puede ser más implacable que la tiranía de uno solo. La mayoría es una noción puramente cuantitativa, no tanto cualitativa. Que una opinión sea mayoritaria no implica de ninguna manera que sea legítima y obligue a los ciudadanos a la obediencia. ¿Qué ocurre cuando la voluntad de un gran número, es decir, “la voluntad del pueblo”, se acomoda a la injusticia? Para el ciudadano responsable no puede haber duda: la exigencia ética debe primar sobre la voluntad de la mayoría, el derecho debe prevalecer sobre el número. En verdadera democracia, el respeto al derecho es más obligatorio que el respeto al sufragio universal.
La ciudadanía no debería estar basada en la disciplina colectiva de todos, sino en la responsabilidad y, por tanto, en la autonomía personal de cada uno. Ya he dicho otras veces, y la historia nos lo confirma, que la democracia, con mucha frecuencia, está más amenazada por la obediencia ciega de los ciudadanos que por su desobediencia. En realidad, la obediencia pasiva de los ciudadanos constituye la fuerza de los regímenes arbitrarios y totalitarios. En nombre de su conciencia, cada persona puede y debe oponerse a la ley de la mayoría cuando esta genere una injusticia específica. La democracia debe respetar no sólo la libertad de opinión y la libertad de expresión, sino también la libertad de conciencia. El libre asentimiento a la ley, que fundamenta el pacto democrático, implica el derecho a la disensión. El ciudadano sólo es libre para obedecer si es libre para desobedecer. Existe, pues, un civismo de disensión, una disidencia cívica, una desobediencia civil que, en nombre del ideal democrático, rechaza someterse a la ley de la mayoría. La desobediencia civil se presenta como algo necesario para la respiración de la democracia. Lejos de debilitar a la democracia, la protege y la refuerza. “Hacen falta muchos indisciplinados para hacer un pueblo libre”, decía Bernanos. (Georges Bernanos. Les enfants humiliés. Paris. Gallimard. 1949, p.77.)
Toda vida en sociedad implica la existencia de leyes. Si queremos jugar juntos, es preciso que elaboremos las reglas del juego. Y el juego sólo es posible si cada uno las respeta. Por tanto, no tendría sentido, en nombre de un ideal de no-violencia absoluta, concebir una sociedad donde la justicia y el orden pudieran estar aseguradas por la libre decisión de cada uno, sin que sea necesario recurrir a prohibiciones, obligaciones o exigencias impuestas por la ley. Esta última cumple una función social que no se puede negar: la de obligar a los ciudadanos a un comportamiento razonable, de modo que no pueda darse rienda suelta ni a la arbitrariedad ni a la violencia.
No sería justo, pues, considerar las obligaciones impuestas por la ley sólo como obstáculos a la libertad: son, en primer lugar, las garantías para ella.
Al prohibir apropiarse del bien de otros, la ley garantiza la seguridad de mi propio bien.
Las leyes justas son el fundamento mismo del Estado de derecho.
Una sociedad sin leyes puede significar tanto el reino del caos como el reino del terror.
Una sociedad sin leyes permite el libre desarrollo de la criminalidad y la organización de redes mafiosas.
Mientras que la ley cumpla su función al servicio de la justicia, merece el respeto y la obediencia de los ciudadanos.
Es natural que en democracia el poder político goce de una presunción de legitimidad; pero esto no es indiscutible, es decir, que es posible aportar evidencias en contra. Cuando la ley respalda o genera ella misma la injusticia, merece la desobediencia de los ciudadanos.
La legalidad de las disposiciones prescritas por el Estado no es suficiente para fundamentar su legitimidad. La obediencia a la ley no exime al ciudadano de su responsabilidad.
La democracia exige ciudadanos responsables y no individuos disciplinados.
SEAMOS ARTESANOS DE LA PAZ
