12/07/2017
Posición del Grupo Santo Domingo:
INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR DEL DOMINGO 16 DE JULIO
1. Para el próximo domingo 16 de Julio la Asamblea Nacional, que representa la soberanía popular, ha convocado a una CONSULTA POPULAR, tal como lo establece el Artículo 70 de nuestra Constitución. Es la hora de que el pueblo diga SI al rechazo de la ilegal “iniciativa de convocatoria” que el Gobierno de Nicolás Madura, pretende convertir en Constituyente para perpetuarse en el poder, disolver la Asamblea Nacional, destituir a la Fiscal General de la República, derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada por una Constituyente que fue votada y promulgada por todo el pueblo de Venezuela el año 1.999, mediante dos referendos aprobatorios y que en definitiva el Gobierno de Nicolás Maduro se propone disolver el Estado Democrático participativo y protagónico de Derecho y de Justicia, para sustituirlo por un “Estado Comunal”, totalitario, dictatorial y antidemocrático, donde la alternabilidad republicana que caracteriza la democracia es sustituida por la permanencia en el poder del partido único y de la camarilla gobernante.
2. Se ha producido la ruptura del Orden Constitucional. La conducta del Gobierno de Nicolás Madura ha sido desastrosa para el pueblo venezolano y destructiva del Sistema Democrático de Gobierno. Su gestión en todos los órdenes de la vida nacional así lo indican: destrucción del aparato productivo, escasés de alimentos y medicinas, aumento masivo de la pobreza, crecimiento de la desnutrición y mortalidad infantil, inseguridad y pérdida de vidas y de bienes en manos del hampa generalizada, caos social y un clima de confrontación y de promoción del odio entre venezolanos, así como la disolución de la República, de sus instituciones y bases fundamentales.
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3. El Gobierno ha tratado de anular y destruir la Asamblea Nacional, electa por la Soberanía Popular. Es importante destacar la enérgica condena mundial de Jefes de Estado, Parlamentos, Ex Presidentes, Organizaciones Políticas y Sociales, así como del MERCOSUR y la UNION EUROPEA, contra los últimos zarpazos del Gobierno y los “poderes” a él subordinados, como lo son el TSJ, el CNE, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Cabe destacar el asalto por bandas paramilitares armadas del régimen, popularmente conocidas como “colectivos”, en asociación con el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, paradójicamente destinada a proteger el Palacio Federal y a sus parlamentarios y personal administrativo y obrero, en el cual resultaron cuatro diputados heridos y varios empleados y obreros adscritos a la Asamblea Nacional; del mismo modo la condena a los ataques al Ministerio Público y a su Titular, Luisa Ortega Díaz, utilizando como instrumento de persecución al propio TSJ, organismo que se ha prestado para orquestar una persecución por la vía jurídica y penal contra la Alta Magistrada del Ministerio Público.
4. La oportunidad en la cual se produce el cambio de reclusión del Líder Leopoldo López, de la Cárcel de Ramo Verde a su condición de arresto domiciliario, lo cual hay que reconocer como un gesto positivo y humanitario, constituye también una maniobra diversionista para desviar la atención de la opinión pública, del rechazo mundial sobre el ataque a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía General de la República y al Estado de Derecho que sistemáticamente viene adelantando el Gobierno de Nicolás Maduro, con miras a establecer un Gobierno permanente de partido único, de carácter dictatorial y totalitario.
5. Es importante destacar, que Venezuela vive una situación de Ruptura del Orden Constitucional, cuya progresividad se inició con la misma elección del nuevo Parlamento el 6 de diciembre de 2015, pues a partir de ese momento y pese a las afirmaciones del Presidente Nicolás Maduro, de reconocer la elección, el mismo mes de diciembre se fue perpetrando un fraude constitucional con el proceso de selección de los Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, sin respetar los lapsos procesales establecidos en la Ley y violando los requisitos y credenciales de mérito requeridos para ser postulados, como quedó evidenciado en la revisión de los mismos por una Comisión de la nueva Asamblea Nacional, y también por las declaraciones de la propia Fiscal General de la República y la Secretaria del Poder Moral Republicano.
6. A partir de este fraude a la Constitución, el Régimen ha utilizado el TSJ como mecanismo para obstruir y hacer nugatorias todas las facultades de la Asamblea Nacional. Tal proceso se inició con la aceptación de una demanda de nulidad a la elección de cuatro diputados del Estado Amazonas y de la población indígena que después de año y medio no ha sido decidida, pero que ha servido para evitar que la AN consolide el quorum de las dos terceras partes requerido para decisiones fundamentales, como el nombramiento de los rectores del CNE.
7. Del mismo modo ha venido anulando por supuesta “inconstitucionalidad “ todas las leyes aprobadas por el Parlamento Nacional; sentenciando sin fundamento jurídico, el traslado de las competencias de la AN a su propio tribunal, tales como la aprobación de Ley de Presupuesto, el Régimen de Estado de Emergencia, la Presentación de los Informes Anuales del Presidente, los Ministros y otros altos magistrados, así como la concurrencia a interpelaciones, el caso omiso a la Censura de Ministros que acarrea su destitución, hasta llegar a los extremos de las sentencias 155 y 156 que derogaban la inmunidad parlamentaria y las competencias legislativas y virtualmente disolvían el Parlamento Nacional, hecho que fue condenado mundialmente y provocó la declaratoria de ruptura del Orden Constitucional por la Fiscalía General de la República y la reacción del Pueblo Venezolano.
8. El Régimen, a través del Ejecutivo y de los llamados poderes Electoral y Judicial se han burlado de la voluntad popular, al anular el derecho del Pueblo Venezolano a convocar el Referendo Revocatorio, para cuyos trámites estableció requisitos que superaron todas las disposiciones legales y reglamentarias y que sin embargo fueron cumplidas por la Mesa de la Unidad Democrática, a pesar de los cual fue declarado nulo por tribunales incompetentes y el CNE negó igualmente el derecho constitucional de las elecciones regionales de Gobernadores y Consejos Legislativos de los Estados.
9. Frente a una crisis de tal gravedad, los sectores democráticos del país, reunidos en la Mesa de Unidad Democrática, aceptaron la invitación de Su Santidad El Papa Francisco y de una Comisión de Expresidentes para establecer un diálogo que permitiera encontrar soluciones para resolver la crisis política, económica, social y cultural existente, comprometiéndose las partes a dar cumplimiento a los acuerdos que pudieran alcanzarse. Tal proceso, que se desarrolló en el cuarto semestre del año 2016, permitió alcanzar un compromiso de liberar los presos políticos, reconocer y respetar la Asamblea Nacional, abrir un Canal Humanitario para resolver el abastecimiento de alimentos y medicinas y establecer un cronograma electoral. Estos acuerdos fueron incumplidos por el Gobierno Nacional y ello condujo a una situación de estancamiento y deterioro de la situación nacional, que culminó con la profundización de la crisis como consecuencia de las irritas sentencias del TSJ, todo lo cual provocó la mayor indignación nacional que ha lanzado al pueblo venezolano a protestar en la calle y a exigir el restablecimiento del Orden Constitucional.
10. Frente a la gravedad de tal crisis, el Gobierno de Nicolás Maduro, en vez de buscar una solución negociada, restableciendo el Sistema Democrático de Gobierno, contemplado en la Constitución Nacional, lanza la iniciativa de la convocatoria a una supuesta “constituyente”, que por violar el carácter universal, directo y secreto del voto, la progresividad de los derechos humanos, la proporcionalidad en la representación territorial, y la condición fundamental de someter tal iniciativa a Referéndum Aprobatorio, para respetar lo dispuesto en el Artículo 347 de nuestra Constitución, constituye una iniciativa que carece de fundamentación constitucional y por tanto está sujeta a ser desconocida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 333 y 350 de nuestra propia Constitución.
11. Todo ello, agravado por el discurso intemperante, confrontacional, ofensivo y de constantes llamados a la violencia y a la división del país entre revolucionarios patriotas por un lado y traidores imperialistas por el otro, ha culminado con la declaratoria presidencial de que “lo que no se pudiera alcanzar por los votos, se alcanzará por las armas”, demostrando el más profundo desprecio por los valores de la civilización, de la democracia y de la convivencia humana, que han contribuido a que el pueblo venezolano, amparado en las disposiciones de nuestra Constitución se lance a las calles en señal de protesta para exigir la reposición del quebrantado Orden Constitucional.
12. Hoy domingo, 9 de Julio se cumplen CIEN DIAS de movilizaciones y protestas, que han costado el sacrificio de 91 vidas de jóvenes venezolanos, cuya sangre derramada ha manchado las manos de Nicolás Maduro, de su Gobierno y de la GNB que ha sido instrumento de la más violenta y feroz represión contra las manifestaciones de protesta del pueblo venezolano. Adicionalmente tal actitud represiva calificada por el propio ministro de la Defensa como acciones de ferocidad y de violencia, han provocado, adicionalmente a los 91 venezolanos asesinados, 2354 heridos, muchos de ellos de gravedad, por bombas lacrimógenas , disparos de perdigones, disparos de armas de fuego y tiros con metras y otros objetos metálicos; el encarcelamiento de 2345 venezolanos a quienes se han hecho prisioneros sin orden judicial, sin motivos legales y muchos de los cuales se han atropellado en su dignidad, se han torturado y se le han violado todos sus derechos. Cifra que se suma a los 114 presos políticos, que junto con Leopoldo López, se identificaron cuando se iniciaron los diálogos del año 2016, muchos de ellos en condiciones infrahumanas, como los recluidos en las mazmorras de “La Roca Tarpeya” y en “La Tumba” de Plaza Venezuela, así como en otros recintos carcelarios donde los han mezclado con delincuentes comunes y mediante juicios en tribunales militares los han enviado al tristemente célebre “El Dorado” y otras cárceles del país.
13. Es por ello, que si bien, valoramos el gesto humanitario de trasladar a Leopoldo López de la Cárcel Militar de Ramo Verde a su casa de habitación, como nuevo sitio de reclusión, consideramos que siguen vigentes las mismas exigencias que se vienen planteando desde inicios del presente año: la libertad de todos los presos políticos y encarcelados por manifestar públicamente su descontento, el acatamiento a la Soberanía Popular representada por la Asamblea Nacional, la promulgación de un Cronograma Electoral completo tanto de las Elecciones Regionales ya vencidas, como de las elecciones municipales que vencen en diciembre del presente año, el establecimiento de canales humanitarios y medidas económicas que permitan resolver la crisis de alimentación, de medicinas y de otros bienes necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales del Pueblo Venezolano y suspender la consulta a la llamada Constituyente por carecer de la fundamentación constitucional que la convierte en un fraude destinado a perpetuarse en el Poder y pasar por encima de los fundamentos de la República, del Estado de Derecho y de Justicia y de la Democracia Participativa y Protagónica contemplada en la Constitución cuya vigencia no podrá derogarse si no se cumplen las disposiciones en ella previstas.
14. Para resolver esta crisis virtualmente terminal de la vida republicana, si no se actúa con la urgencia debida, es necesario la suspensión de la convocatoria de la para constituyente que adelanta el régimen como condición indispensable para el inicio de una negociación que conduzca al restablecimiento del Orden Constitucional y el Estado de Derecho. Tal proceso, que debe ser acompañado por un grupo de garantes de buena fe, que aseguren el cumplimiento de lo acordado debe realizarse de manera inmediata para asegurar la paz de la República y la creación de un ambiente propicio para la reconciliación nacional y el entendimiento que conduzca a la creación de condiciones para la búsqueda de la Unidad Nacional y el inicio de un nuevo Ciclo Histórico donde prevalezcan los valores fundamentales del hombre.
15. Hacemos un llamado a todos los venezolanos, para que se incorporen de manera multitudinaria, solidaria y resuelta, en la recuperación del Régimen Democrático, a participar de manera valiente y decidida en el proceso de CONSULTA POPULAR DEL PROXIMO DOMINGO 16 DE JULIO, a decirle SI AL RECHAZO DE LA PSEUDO CONSTITUYENTE DE NICOLAS MADURO, a decirle SI A LA RECUPERACION DE LAS FUERZAS ARMADAS BOLIVARIANAS AL SERVICIO DEL PUEBLO Y DE LA CONSTITUCIÓN, a decirle SI a la REALIZACION DE ELECCIONES Y A LA FORMACION DE UN GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL. A decirse SI, con nuestra presencia en las urnas de la CONSULTA POPULAR, al acompañamiento a nuestra valerosa juventud y a nuestro pueblo que desde todos los rincones del país se ha levantado en rebeldía para exigir la restitución de sus derechos conculcados. Es necesario vencer el miedo y la represión con la fuerza multitudinaria del Pueblo que debe expresar el DOMINGO 16 DE JULIO su firme voluntad de respaldar nuestra Constitución.
Es autentico
José González Puerta, CI 1.605.253, Juez Superior Jubilado Región Los Andes; Rafael Simón Jiménez Melean, Historiador, Ex Vicepresidente de la Asamblea Nacional; Rafael Isidro Quevedo Camacho, Académico, Ex Rector de la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales, UNELLEZ; Gehard Cartay Ramírez, Escritor, Ex gobernador del Estado Barinas; Manuel Cipriano Heredia Co**ha, Msc. en Nutrición Animal, Ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos; Pedro Torres Paredes, Abogado, Profesor Universitario; Luis Felipe Milano Chávez, Ex Coordinador de la MUD en el Estado Barinas; Argenis Gutiérrez, Dirigente Agrario y Social; Gabriel de Jesús Linares, Abogado, Profesor Universitario, Ex diputado a la Asamblea Legislativa del Edo. Barinas; y Orlando Molina, Ex Senador por el Estado Barinas, Pte. del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos.
Barinas, 9 de Julio de 2017.
